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A un año de Ayotzinapa y a miles de kilómetros de la justicia

Por Daniel Higa Alquicira.

Se acerca el primer aniversario de los hechos ocurridos en Iguala con respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, y todo parece indicar que cada vez se está más lejos de conocer la verdad de estos hechos y sobre todo, no hay indicios de que el gobierno federal tenga la capacidad (o la voluntad) de poder resolver este caso más allá de una “verdad histórica” que se ha venido abajo.

El informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa (GIEI) ha sido contundente en sus conclusiones. Simple y sencillamente las cosas no sucedieron tal como las planteó la PGR en su investigación.

Los cuerpos no fueron quemados en el basurero de Cocula, ahora parece haber indicios de que los detenidos y acusados de la desaparición y asesinato de los estudiantes fueron torturados para que declaran lo que ya conocemos e incluso se abre una posibilidad de que elementos de las fuerzas federales hayan sido cómplices de estos hechos.

El president de México Enrique Peña Nieto ha aceptado asumir las recomendaciones del GIEI y también se reunirá –al parecer el próximo 24 de septiembre– con los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos; algo que de entrada se fue postergando y ahora es inevitable dada las circunstancias de descrédito con respecto al actuar de las instituciones oficiales en este caso.

El Senado de la República ya cocina una propuesta elaborada por los partidos de oposición para crear dos fiscalías especiales –una para investigar sobre los 43 normalistas desaparecidos y otra que trabaje exclusivamente en su localización–. Se supone que la idea es que sean independientes de la PGR aunque tuvieran que reportarle a ella toda la información recabada.

Sin embargo, el caso Ayotzinapa ha sido un tema coyuntural por la gravedad misma de los hechos y por las muestras de corrupción en todos los niveles de gobierno, pero sobre todo, porque evidenció que el sistema de procuración de justicia en México es experto en “crear culpables” y no en castigar a los verdaderos criminales.

Ayotzinapa se ha convertido en la mejor evidencia de que las instituciones de justicia funcionan a medias. Nadie sabe a ciencia cierta cómo van a reaccionar, las vertientes que pueden tomar las investigaciones, e incluso pueden crear escenarios paralelos que después no pueden soportar ante investigaciones más profundas como sucedió con el GIEI.

La conclusión presentada por ex procurador general de la republica Jesús Murillo Karam ‘‘es una historia fabricada y este hecho por sí mismo es gravísimo, porque muestra la intentona de los más altos niveles de gobierno para manipular la justicia y continuar ocultando la verdad sobre el paradero de los estudiantes y el móvil de la agresión masiva’’, dijo el diputado de Morena Rafael Santiago Rodríguez.

Por eso el caso Ayotzinapa se ha convertido en uno de los que más impacto negativo ha causado en la imagen de México a nivel mundial. Ha sido el prototipo de cómo funcionan las instituciones de seguridad y justicia y da pie a imaginarse la cantidad de casos que han sido resueltos de la misma manera en que habían querido terminar con éste.

Un grupo de ONG’s que atiende temas de derechos humanos de toda América Latina, firmó un comunicado en donde respaldan el informe del GIEI; piden al gobierno federal que acepte sus recomendaciones y las ponga en práctica, así como la exigencia de que los expertos sigan acompañando las investigaciones.

Pero hay un punto trascendental en la visión que se tiene de la impartición de justicia en México. El comunicado en una de sus partes dice: “Cabe destacar que el GIEI reconoce que la problemática de la desaparición trasciende el caso de los 43 estudiantes normalistas y afecta a miles de familias en México”.

Y agrega: “En este sentido, el Grupo de Expertos formuló recomendaciones estructurales para la búsqueda e investigación de las personas desaparecidas y garantizar el derecho a la verdad de sus familiares. Al respecto, consideramos esencial que el gobierno  mexicano cumpla también con estas recomendaciones, como un primer paso para poner fin a la espiral de impunidad que tanto ha lastimado a la sociedad mexicana durante décadas”.

Es decir, no es el caso Ayotzinapa un problema aislado y único, la justicia en México sufre de deficiencias estructurales que los expertos lo consideran como un problema casi “histórico”.

Ahora hay que pensar en que sin justicia ¿cómo puede avanzar una sociedad y un país…?

Foto: Sofía.

 

 

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