Echándole gasolina al fuego.
  • Page Views 496

Echándole gasolina al fuego

  • Por Daniel Higa Alquicira.

    No se resuelve lo de Ayotzinapa y ya hay más motivos para agrandar la indignación de algunos sectores de la sociedad. Sobre todo el sector estudiantil, que nuevamente ha sido golpeado con la ejecución de la acción penal contra 11 personas que fueron detenidas en las marchas del pasado 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

    Echándole gasolina al fuego.

    Echándole gasolina al fuego.

    Según la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Siedo) de la PGR, estas personas han sido trasladas a los penales de Perote en Veracruz (ocho hombres) y al Cefereso número 4 en Tepic, Nayarit (tres mujeres).

    Los cargos que se les imputan son “asociación delictuosa, motín y homicidio en grado de tentativa”. Delitos graves, sobre todo el último, por el que no alcanzan libertad bajo fianza y tendrán que estar presos mientras se resuelve su situación jurídica.

    Las condiciones en las que fueron detenidos siguen siendo poco claras y no hay evidencia sólida que indique que todas estas personas detenidas en diferentes momentos, a diferentes horas y en lugares alejados entre sí, hayan tenido las mismas intenciones o hayan cometido esos delitos que se les imputan.

    Familiares de los detenidos han declarado públicamente que los acusados tenían muestras de golpes, fueron obligados a declarar y a aceptar cargos en presencia de un abogado de oficio y algunas de sus declaraciones fueron alteradas, como según lo informó Proceso.

    Cualquiera que haya estado en una marcha importante, al menos del 1 de diciembre de 2012 a la fecha, se ha podido percatar que los “anarquistas” son un grupo sospechoso que nadie sabe de dónde salen, quién los manda o quién los protege.

    Una vez que pasan ellos, los granaderos y policías vestidos de civiles arremeten contra el grueso de los manifestantes y aíslan a grupos pequeños de personas o individuos solitarias y los someten de forma violenta. Ha sucedido esto con periodistas, representantes de organizaciones derechos humanos, gente muy adulta e incluso a familias con niños.

    Esto ha sido una de las principales críticas al gobierno de Miguel Ángel Mancera, a quien se le ha acusado de ser represor con las manifestaciones sociales, como lo expresó el Frente por la Libertad de Expresión y La Libertad de la Protesta Social en un comunicado del 20 de noviembre.

    “La práctica sistemática del Gobierno del Distrito Federal de detener arbitrariamente a cualquier grupo de gente joven en contextos de manifestaciones prenden focos de alerta: se caracteriza negativamente a los grupos que protestan y se amenaza con el uso de la fuerza”, dijo este colectivo.

    Lo mismo consideran los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, quienes luego de enterarse de la reclusión en penales federales de los detenidos en las marchas, expresaron su indignación y consideraron que estas acciones solamente tienen como fin “amedrentar a la sociedad”.

    Pareciera que con estas acciones el gobierno federal cumple su amenaza de que no van a permitir actos de violencia o que se afecte la paz pública durante marchas o protestas sociales. “Hay interesados en daña la libertad de expresión con actos vandálicos y eso no lo vamos a permitir”, dijo Peña Nieto en uno de sus discursos recientes.

    Bonito discurso pero ¿dónde están los violentos? ¿Los estudiantes por su condición misma son violentos? ¿Qué intenciones –más allá de los argumentos legales– puede haber en el hecho de mandar a penales federales lejos de sus ciudades y familias, a estos estudiantes? ¿Y los “anarquistas”, por qué nadie –ni policías del GDF ni federales– los detienen? ¿Será porque, como dicen los rumores, es que son enviados por las mismas autoridades?

    Apenas el pasado 11 de noviembre, un tribunal federal concedió un amparo a favor de Joaquín “Chapo” Guzmán porque la PGR no pudo demostrar que los hechos de su detención sucedieron como supuestamente lo habían narrado los marinos que lo detuvieron en un edificio de Mazatlán Sinaloa, el pasado 22 de febrero.

    Es decir, inventar cargos y fincar pruebas inexistentes parece que es una de las especialidades de los ministerios públicos y policías federales ministeriales. Pero esto no es nuevo, ya tiene sus añitos y ha sido uno de los peores golpes en la credibilidad de esta institución.

    Ahora ya tenemos otro motivo más para estar indignados como sociedad mientras el caso Ayotzinapa sigue siendo un infierno para el gobierno federal, que no encuentra la forma de revertir todos los efectos negativos que ha producido a nivel mundial.

    Incluso el presidente de Uruguay, José Mujica, declaró recientemente a la revista Foreign Affairs Latinoamérica con respecto al caso de los 43 estudiantes desaparecidos, que “es terrible que se caiga en ese tipo de cosas. A uno le da una sensación, visto a la distancia, que se trata de una especie de Estado fallido, que los poderes públicos están perdidos totalmente de control, están carcomidos. Es muy doloroso lo de México”.

    Se sigue golpeando a la comunidad estudiantil y esto puede ser uno de los peores errores que cometan tanto el gobierno federal como el gobierno del DF en esta vorágine de protestas e indignaciones que ha causado la desaparición de estudiantes, que además deja evidencia –por más que lo quieran negar– de la vulnerabilidad del gobierno mexicano para poder prevenir estas acciones por el grado de corrupción e impunidad con el que opera el sistema de justicia en México.

     

     

    TE RECOMENDAMOS:

Share This Article

Reconoce MX

Reconoce MX es un proyecto de difusión artística, cultural y de conciencia social que está enfocado a difundir y fomentar el entretenimiento alternativo de calidad para todo el público que comparta el mismo entusiasmo.

‘Tensa calma’, una crónica de la marcha del #20NovMx

Next Story »

Crisis de credibilidad e inseguridad en el DF

Leave a comment