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El gobierno de Peña Nieto en caída libre

Por Daniel Higa Alquicira.

Si algo faltaba para enterrar las esperanzas del gobierno de Enrique Peña Nieto, de poder terminar el sexenio con una imagen menos sucia en derechos humanos, ya salió a la luz. Las revelaciones sobre espionaje a periodistas, defensores humanos y líderes políticos y sociales, ha sido el puntapié que hundió definitivamente en el lodo a esta administración.

Se cierra así –aunque falta todavía más de un año–, un sexenio atiborrado de escándalos de la clase política y con una clara marca de deterioro en cuestiones de seguridad y violencia desmedida.

Desgraciadamente ya sabemos que no va a pasar nada con el tema del “Pegasusgate”, nadie del gobierno saldrá lastimado, aunque por la actitud y las declaraciones de Peña Nieto, parece que le molestó demasiado el tema y quiere castigos ejemplares, pero no contra los espías, sino contra quien denunció que existían estos espías.

Esta es una muestra de lo poco que hemos avanzado en el ámbito de las acciones de un gobierno que se dice democrático, respetuoso de las libertades y los derechos humanos.

La respuesta tardía de Presidencia, donde el vocero Eduardo Sánchez no negó los hechos, sino que simplemente se limitó a decir que no había pruebas, fue un mensaje claro que la estrategia para contener los daños carecía de una visión clara.

En su cuenta de Twitter @ESanchezHdz, colgó un texto firmado por Daniel Millán Valencia, director general de Medios Internacionales de la Presidencia de la Republica, en donde afirmó que “no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje descrito en su artículo”, refiriéndose a la publicación “usando textos como señuelos, software gubernamental apunta a activistas mexicanos y sus familias”.

Y más abajo, en la carta enviada a los editores del The New York Times, Millán Valencia invita a “quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas”, acudir a la PGR para denunciar los hechos y realizar las investigaciones correspondientes.

Esto fue el 19 de junio. Para el 22 de junio, Peña Nieto en un evento en San Juan de Los Lagos, Jalisco, afirmó: “Espero que la PGR con celeridad pueda deslindar responsabilidades y espero al amparo de la ley, pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno”.

 

Entonces, como según ellos no hay pruebas, ¿si una persona va a la PGR –como invita Millán– y denuncia que fue espiada, es víctima o “levanta falsos señalamientos contra el gobierno”?

La postura oficial es contradictoria y se escuda en un discurso que aparentemente pretende ser firme, pero parece que es tanta su necesidad de defenderse, que su juicio ya está hecho: los culpables son aquellos que publicaron esto, por lo que no pretenden investigar quién espió y bajo el visto bueno de quién lo hizo, sino a los denunciantes.

Sin duda es otro golpe más a la credibilidad de un gobierno que –como el de Calderón–, nunca fue bien aceptado por el grueso de la sociedad y que en el camino, se fue quedando solo y desprotegido ante los hechos tan evidentes por su falta de capacidad para brindar protección a la sociedad y por ende, a los periodistas y los defensores humanos.

Como siempre pasa en México, lo grave –en este caso– no es espiar ilegalmente a las personas, sino que se acuse “sin pruebas”, porque entonces, es mucho más fácil castigar “con todo el peso de la ley” al que “difama”, “calumnia” y “denigra” a las instituciones, que al autor material de los actos delictivos.

Fotos: Presidencia de la República Mexicana.

 

 

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