México efectivamente está destrozado en materia de seguridad

Por Daniel Higa Alquicira.

Tal como lo señaló Alfonso Durazo, próximo secretario de seguridad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el país está  convertido en un panteón, con ineficiencia policial y protección política a la delincuencia organizada, además de un sistema de procuración de justicia inoperante e ineficiente.

El problema real es que el daño es demasiado grande, se ha distribuido en diversas direcciones, con efectos desastrosos en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana y para comenzar a arreglar algo de esto, se necesita prácticamente un súper héroe de ficción.

Es que son demasiados años de descomposición, de corrupción, de estrategias fallidas –sobre todo en los dos últimos sexenios- y el resultado es evidente: cientos de miles de muertos, miles de desaparecidos y un país que vive con miedo.

Tal como señaló Durazo en una entrevista a Proceso, “para enfrentar la tarea se requerirá de una entrega total, como un apostolado”. Pero de entrada, su primera estrategia para acercarse a la sociedad con los Foros de Pacificación, parece que no han tenido buenos resultados.

Los asistentes se quejan de que no hay una línea clara de acción para acercarse a las familias de las víctimas, que entre los ponentes han llegado incluso personas ligadas al crimen organizado y sobre todo, la falta de verdaderos líderes sociales.

Una de las voces más críticas de estos foros fue Manuel Mireles Valverde, uno de los fundadores de las autodefensas en Michoacán y quien incluso estuvo preso por estas acciones, quien aseguró que “no hay ningún luchador social al frente, como los que entregamos nuestra sangre por la causa”.

No es fácil determinar qué tema es el más importante para la sociedad, ya que no solo es la presencia de los grupos criminales, sino su expansión en delitos que impactan directamente a la población como secuestros, extorsiones y desapariciones.

Ahora el reclamo social se centra también en las búsquedas de los desaparecidos y en ese tema, ya hay varias agrupaciones sociales que han logrado ubicar fosas clandestinas en varios estados del país -principalmente en Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y Guerrero-, donde buscan a sus familiares, en una tarea que el gobierno actual y el anterior, literalmente abandonaron a estas personas.

Tal como lo dijo una de las asistentes al Foro de Pacificación realizado en Coahuila, “ya basta de atole con el dedo, de creer que nos callarán con aportaciones que obran por derecho, de la burla con la simulación”.

Y agregó: “ustedes hablan de un plan de paz, ¿cómo lo van a obtener si estamos dañados por la inacción de años, hay un hartazgo que lo único que ha logrado es acrecentar el dolor en cada corazón y la ira de sillas vacías y familias rotas”.

El problema de todo esto es que el enfrentamiento directo y armado con los grupos criminales fue el detonante que propició que el Estado mexicano cayera en una etapa de descomposición, tal cual como cuando sucede a una persona que le duele el estómago pero en el hospital le dicen que hay malas noticias, ya que todo sus órganos están invadidos de cáncer, que hay que combatirlo con sesiones de quimioterapia, que son muy agresivas y que el efecto será terrible.

Así, todo parece indicar que el mal está dentro de las propias organizaciones, que antes podían controlar a los criminales y que ahora están sometidas a ellos. Que antes coexistían de forma “pacífica” y que ahora, parece que son los propios delincuentes las que las dominan y sobre todo, que estas mismas instituciones no son capaces de generar el menor indicio de seguridad entre la población.

Con todo esto, hay que reparar el tejido social, los daños morales, los efectos políticos, regresar algo de esperanza a las familias de los desaparecidos; recuperar a las instituciones y en esa misma medida, recuperar al país.

No se puede pensar que el narcotráfico y el crimen organizado se van a erradicar, eso es ingenuo y hasta tonto apostar a eso, pero se puede mantener en límites muy estrechos a estos delincuentes, que no sobrepasen un reducido campo de acción y sobre todo, que no afecten en lo más mínimo a la sociedad en general.