Michoacán, tierra caliente y ensangrentada

Por Daniel Higa Alquicira.

Michoacán vuelve a ser escenario de violentos enfrentamientos entre fuerzas federales y presuntos miembros del crimen organizado. Ataques, emboscadas, cierre de carreteras y decenas de muertos fue lo que se vivió en días recientes luego que miembros del grupo criminal Los Caballeros Templarios arremetieran contra la policía federal, el ejército y la marina.

Michoacán, tierra caliente y ensangrentada.

Pero más allá de estos enfrentamientos, el fondo del asunto es la asfixia social que viven los pobladores de los municipios que conforman la región de la “tierra caliente” de Michoacán. En estos lugares, el crimen organizado se ha apoderado de la economía, la política y la vida de los ciudadanos.

Cobran derecho de piso a los negocios, a los trabajadores, a los productores, a los agricultores. Imponen autoridades, dictan las reglas de cómo ejercer el poder político, manejan los presupuestos y los programas destinados al rubro social; e incluso intentan cobrar por el solo hecho de vivir en esos poblados.

Si no se cumplen sus demandas, entonces extorsionan, amenazan, secuestran, asesinan y desaparecen a las personas. Lo que sucedió en la localidad de Los Reyes, en donde un grupo armado atacó a las personas que se manifestaban a las afueras de la presidencia municipal, fue el detonante de una bomba social que está por estallar.

Esto debido a que los pobladores han decidido organizarse, armarse y trabajar en beneficio propio para mantener un mínimo de seguridad a través de las llamadas policías comunitarias, que han tomado el ejemplo de Guerrero para hacerla de agentes de seguridad no oficiales, aún poniendo en riesgo su vida.

Hasta hace algunas décadas y sobre todo en el norte del país, los narcotraficantes eran prácticamente idolatrados por las comunidades alejadas de las grandes ciudades, debido a que éstos se convertían en una especie de benefactores sociales que proporcionaban ayuda, infraestructura y cosas materiales que el propio gobierno nunca les hubiera dado.

Esto generó muchos mitos y leyendas con respecto a los grandes capos de buen corazón social. Pero en Michoacán esto cambió cuando los narcotraficantes dejaron de ser distribuidores y productores de drogas para convertirse en asesinos despiadados que atacan incluso a la sociedad civil para aterrorizar y obligar a que se cumplan sus leyes.

La lucha descarnada empezó cuando el brazo armado del Cártel del Golfo –a la postre Los Zetas-, entraron al estado a finales de los años 90, destruyeron la estructura de Los Valencia y se quedaron con una parte estratégica en el camino de la droga hacia los Estados Unidos, que abarca la tierra caliente, el Puerto de Lázaro Cárdenas, algunas zonas de Guerrero y el estado de México.

Los Zetas implementaron toda una estrategia financiera y militar para ganar dinero de todo lo que se moviera en estas tierras michoacanas y empezaron a extorsionar, secuestrar, vender droga a niños y adolescentes; controlaron todo el tráfico de mercancías producidas en esta región y a cobrar piso a cambio “de seguridad”.

Entre sus principales operadores estaban Nazario Moreno González y Jesús Méndez Vargas, que cansados de los abusos que Los Zetas cometían contra la sociedad, decidieron deslindarse y formar su propio cártel, que denominaron La Familia Michoacana y luego Los Caballeros Templarios.

Con una ideología mesiánica, este nuevo grupo inició una batalla feroz en contra de sus antiguos compañeros y se apoderó prácticamente de todo los territorios que eran de Los Zetas en la región. Agrandaron el negocio de las drogas sintéticas y crecieron hasta convertirse en uno de los grupos criminales emergente más poderosos de los últimos años.

Sin embargo, sus tácticas no cambiaron. Siguieron aplicando el mismo modelo de abusos en contra de la sociedad –de los que supuestamente ya estaban cansados-, y se convirtieron en el poder detrás del poder. Ellos gobiernan, deciden y actúan sin importarles absolutamente nada.

Pero más allá de significar un grave riesgo para el estado mexicano, esto ha tenido un altísimo costo a nivel social. La economía michoacana está debilitada, no hay fuentes de inversiones y por lo tanto no hay generadores de empleos; el turismo ha ido a la baja, los productores locales están prácticamente en la quiebra y solamente se comercia lo que el crimen organizado permite a través del pago de cuotas.

Es decir, cuando la figura mítica del narcotraficante era de benefactor, ahora se ha convertido en el máximo destructor, y no solo por su actividad sino porque atacan y debilitan a toda la sociedad civil con actos que se pueden catalogar de terroristas y de genocidas.

Michoacán vive en estado de alerta máxima. Los pobladores están cansados de esta situación y llegaron al límite de arriesgar su vida con tal de que los miembros del crimen organizado no entren a sus tierras. La situación es muy grave porque puede abrir la puerta a enfrentamientos entre civiles y dado el escenario actual, puede ir escalando hasta tomar tintes de una guerra civil.

Ojalá este nuevo operativo de las fuerzas federales libere a Michoacán de este yugo que prácticamente lo está asfixiando.