1 de diciembre, ¿qué nos espera?

Por Aranzazú Martínez Galeana.

El 1 de diciembre pasado con la toma de posesión del ahora presidente, Enrique Peña Nieto, dos visiones encontradas de lo que se espera de México y su actual gobierno parecieron confrontarse. Por un lado, las manifestaciones pacíficas en las inmediaciones del recinto legislativo en San Lázaro y el primer cuadro de la ciudad pusieron claro que el presidente no llega entre vítores y aplausos; por el contrario, llega cuestionado y señalado, pero sobre todo, evidenciaron que las antiguas medidas del régimen no estaban tan oxidadas como se creía. Esta dicotómica relación pareciera ya no tener cabida en un país que se ha jactado una y mil veces de ser democrático y abierto a la pluralidad de voces que convergen en su interior sin embargo, el 1 de diciembre ha sido la prueba de que en este México de contradicciones, los opuestos pueden coexistir.

1 de diciembre, ¿qué nos espera? (Imagen cortesía de Alejandro Amafra)

Si bien es cierto que existieron actos vandálicos que atentan contra el espíritu de cualquier expresión de la libertad a manifestarse y asociarse, también es cierto que las detenciones azarosas a supuestos culpables imperaron (no por nada Miguel Ángel Mancera instruyó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) a revisar cada uno de los casos de los jóvenes detenidos el 1 de diciembr,e para establecer su presunta responsabilidad en los hechos vandálicos); Mancera enfatizó que  de no estar clara la participación, la institución deberá desistirse de las acusaciones y respetar la resolución del juez competente aunque sin minimizar el rol desempeñado por aquellos sujetos que participaron de manera activa en los distintos actos vandálicos a lo largo de la ciudad.

Sería obtuso desestimar o minimizar los más de mil millones de pesos en pérdidas y daños que tuvieron los locales afectados por el vandalismo -según un balance de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco-Servytur)- pero es peor negar que en nombre de la seguridad y paz pública cualquier tipo de medida coercitiva debe ser bienvenida. Los 70 detenidos, inicialmente,  y los 56 de ellos que fueron puestos en  libertad días después, son una muestra fehaciente de la necesidad urgente que tienen tanto el gobierno de la ciudad como el federal de mostrar su valía; la pregunta aquí sería: ¿a qué costo piensan hacerla valer? Pero aún más: ¿a quiénes se les hará pagar su osadía? La respuesta es obvia, no a ellos.

No se cuestiona la detención –dentro de un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos- de aquellos que resulten culpables por los desmanes que acontecieron ese día, lo que se critica duramente es la forma en que esto se lleva a cabo.  Con un legado dramático en materia  de Derechos Humanos dejado por Calderón (según la CNDH los casos de tortura crecieron 500% y aumentaron de forma exponencial las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias) es impensable pasar por alto esta clase de acciones que son justificadas en nombre de una paz que hace mucho que México dejó de conocer. El atropello y abuso sistemático a los Derechos Humanos se ha vuelto moneda corriente donde las víctimas y victimarios desfilan por miles llegando a confundirse; caras, nombres, se vuelven irreconocibles o unos más en la lista interminable de muchos presuntos culpables y pocos certeros.

Por más trillada que suene en estos tiempos la frase de Gandhi, México ha quedado ciego al querer combatir con violencia la violencia que existe; pero no sólo eso, está dolido y cansado de que la justicia sea aleatoria y corresponda a un juego de azar más que a  las reglas del formales del juego. Sin un rumbo fijo, este ciego ya no sabe ni dónde está ni a dónde va pero lo que sí sabe es que quiere una transformación contundente y viable en materia de seguridad; quiere y  exige justicia y por más lejano que parezca, clama por paz. La interrogante queda en el aire sobre qué nos espera en este nuevo sexenio; las dudas, miedos y rechazo son generales sin embargo, sería irresponsable delegar la responsabilidad de nuestro devenir al gobierno en turno pero lo sería aún más negarnos la posibilidad de cuestionar y criticar. Si decidimos quedarnos sin voz no tendremos nada y eso sí, asusta.  El 1 de diciembre puede quedar como un recordatorio sí de los alcances del gobierno, pero también del poder que tiene una sociedad que se niega a desenterrar a dinosaurios que por tanto tiempo la espantaron y la condenaron a una caverna.